Abogado Omar Cabrera Villca

El Decreto Supremo No. 4232 de 7 de mayo de 2020, contradice varias normas y viola la Constitución Política del Estado, el presente D.S., en su articulo único señala “De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”. 

El maíz es el grano que más se produce a nivel mundial, es la base de alimentación de millones de personas y una materia prima esencial para varios sectores de la economía mundial. Bolivia es considerado el centro de origen de maíces nativos con producción en diferentes zonas del país.

La Región de los Chichas se caracterizo por ser productor del maíz desde tiempos precolombinos, convirtiéndose en la alimentación primordial de la población de la Región. Actualmente los Gobiernos Autónomos Municipales Tupiza, Cotagaita, Vitichi y Villazón, vienen fomentando a la producción y promoción del maíz con diferentes ferias agrícolas, donde se exponen una variedad como ser (Hualtaco, Puka K´ellu, T´ojra K´ellu, K´ulli, Chullpi, Tojori,  Chejchi,  Panti Puka, Panty K´ellu, Achili, Bayo, Marlo Rojo, Blanco, etc.)., siendo el sostén económico de los agricultores de los Chichas, el ingreso del maíz transgénico al país, sin duda pone en riesgo las variedades nativas, que se han cultivado por generaciones en los pueblos del Sur.

El Decreto Supremo No. 4232, es contraria a la Ley No. 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria del 26 de junio de 2011, en su articulo 15 parágrafo I numeral 2 señala No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”.

El presente D.S., en análisis transgrede a la Ley No. 071 Ley de Derechos de la Madre Tierra del 21 de diciembre de 2010, en su articulo 7 parágrafo I numeral 2 que establece “A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tan forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro”.

El Decreto presidencial también contraviene la Ley No. 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, en su articulo 24 numeral 7 “Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”. De acuerdo a la Ley No. 2274 de 22 de noviembre de 2001, el Estado boliviano es parte del “Protocolo de Bioseguridad de Cartagena” del Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito el 26 de mayo de 2000, en ocasión de la Quinta Conferencia de las Partes, celebrada en Nairobi – Kenia.

En ese sentido, se advierte que el Decreto Supremo, en análisis vulnera la Constitución Política del Estado, el articulo 255 parágrafo II numeral 8 establece “Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y medio ambiente”., concordante con el articulo 409 de la Norma fundamental que establece “La producción, importación y comercialización de transgénicos serán regulados por Ley”. En este entendimiento el Órgano Ejecutivo no tiene la competencia para legislar de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el Decreto Supremo en cuestión trasgrede la norma fundamental y varias leyes del ordenamiento jurídico de nuestro país.

Por Omar Cabrera Villca

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